¿Quién invertirá en Chile?

Luis Larraín

En la comisión de Hacienda del Senado se discuten medidas para la protección de ingresos, reactivación económica y convergencia fiscal. El ministro Briones ha concordado con los senadores estudiar una serie de propuestas y se ha hecho asesorar por economistas elegidos por los partidos, como también ha escuchado a otros especialistas. Esta semana debieran consensuar una propuesta.

Se trabaja con sentido de urgencia, pues la pandemia no da tregua y ello ha obligado a restringir mediante cuarentenas la actividad productiva. Aunque hay medidas de mitigación ya tomadas o en ejecución por 17.105 millones de dólares, los indicadores comienzan a mostrar la magnitud de la crisis. Caída de 14,1 % en el IMACEC de abril y disminución de la ocupación en 680.000 empleos en el trimestre móvil nos anticipan que las cifras de mayo serán aún peores, pues la población afectada por restricciones a su movilidad y trabajo fue mayor.

La atención de la prensa se ha centrado en el monto de los recursos que se destinarán de aquí en adelante, (18 o 20 meses). Se habla de cifras entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. También se ha especulado acerca de la fuente de recursos para financiar esas ayudas (hay quienes proponen aumentar la deuda pública y otros proponen usar la totalidad de recursos del FEES). Hay distintas ideas de programas para gastar estos recursos y a eso dedicarán preferentemente su atención los políticos. Ya alguno ha hablado de un “marco fiscal contundente”, expresión ajena a los dominios de la economía.

Pero los economistas tienen, además de ponderar el impacto de las ayudas sobre los ingresos familiares, otras tareas menos gratas, pues su disciplina trata de la escasez. Rodrigo Cerda y Sergio Urzúa han estimado en 27.000 millones de dólares el déficit fiscal de Chile entre 2008 y 2018. Pero la velocidad de ese déficit ha aumentado; son 2.700 millones promedio anual en el período, pero de 2014 hasta ahora el promedio es 5.700 millones anuales. Y lo más impactante es que la Dipres calcula en 23.000 millones el déficit entre 2021-2024, como producto de los programas ya aprobados (gratuidad en educación superior y otros). La convergencia fiscal es una tarea durísima y sería muy negativo que, fruto de este acuerdo, Chile renunciara definitivamente a la regla de déficit estructural.

No hay que ser expertos para concluir que el Fisco tiene un problema grave para los años que vienen. Está gastando mucho más de lo que recibe. Por eso parecen sensatas las posiciones de aquellos que han sugerido reasignaciones presupuestarias de partidas que, por la situación que vive el país, no se gastarán igual por imposibilidad de hacerlo. También debieran eliminarse programas de gasto que han sido reiteradamente mal evaluados.

Una pregunta relevante, pero que pocos se hacen es: ¿quién reactivará la economía chilena? La recuperación requiere inversión y las últimas reformas tributarias han sesgado el financiamiento de las empresas. Financiar inversiones con capital tiene costos altísimos para los dueños, que deberán pagar 45% de impuestos si obtienen utilidades. La tasa de interés es baja y por lo tanto lo lógico es financiar las inversiones con deuda. Un programa de reactivación debiera contemplar bajas de impuestos, pues de lo contrario el sector privado chileno (al igual que el público) tendría que aumentar su deuda incrementando el riesgo país y afectando a la larga la inversión. Aumentar los impuestos ahora sería pegarse un tiro en los pies, como lo sabe cualquier economista serio.